La Guardia Civil es una de las dos instituciones policiales que integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España. Es la propia Constitución Española la que fija su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
Constituye así una organización formada por más de 80.000 personas, dotadas de medios y recursos adecuados, que desarrolla cometidos de policía integral y está desplegada en todo el territorio nacional.
Sobre la base de lo previsto en la normativa que lo regula1, tiene una serie de competencias propias. Así, en general, la Guardia Civil desarrolla, entre otros, cometidos de:
- Policía administrativa, que en coordinación con diferentes autoridades y organismos de las Administraciones Públicas, vela por el cumplimiento y aplicación de las leyes y disposiciones generales y de forma específica, de algunas leyes especiales.
Policía aduanera y fiscal, que en coordinación con la administración aduanera, actúa como resguardo fiscal del Estado, desarrollando las actuaciones que sean necesarias encaminadas a vigilar, evitar y perseguir el contrabando.
Policía de seguridad, que previene la comisión de hechos delictivos.
Policía judicial, que bajo la dependencia de los Juzgados y Tribunales y el Ministerio Fiscal, investiga los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables y asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito.
Policía de tráfico, que bajo la dependencia funcional de la Dirección General de Tráfico, trabaja en la gestión de la seguridad vial.
Policía de auxilio y protección civil, prestando servicio de asistencia y ayuda humanitaria (condición de “benemérita”).
Además de los correspondientes órganos de gestión de recursos humanos y materiales, tiene una estructura central (de dirección) y una estructura o despliegue territorial de carácter operativo (que se ajusta al esquema de Comunidad Autónoma, Provincia, Comarca y Ayuntamiento), considerándose la Unidad básica de mando y servicio la del nivel provincial (denominada Comandancia).
Para el cumplimiento de sus cometidos, dispone de personal dedicado a las tareas generales de seguridad ciudadana, orientado a la vigilancia, prevención y primeras actuaciones sobre la comisión de delitos y de otro, que desarrolla su trabajo en las denominadas Especialidades (tráfico, servicio marítimo costas y fronteras, policía judicial, montaña, desactivación de explosivos, protección de la naturaleza…etc) orientado a la prevención y el combate de ilícitos que requieren de personal con un plus de formación específica.
Las especialidades tienen habitualmente una Jefatura Técnica a nivel central, y un despliegue que depende para el servicio del Jefe de la Guardia Civil de cada territorio. Algunas áreas de las especialidades (policía judicial, información…etc), disponen también de unidades a nivel central que, esta vez sí, dependen orgánicamente y para el servicio directamente de cada Jefatura.
Sobre esta base general, la respuesta que la Guardia Civil realiza en el ámbito de la lucha contra la criminalidad en general y el mantenimiento de la seguridad ciudadana, y en este sentido, se afronta de forma multidisciplinar, mediante la integración de capacidades y desde diferentes ámbitos.
La investigación especializada del crimen organizado se aborda principalmente desde dos especialidades:
El Servicio de Información (SIGC) que trata específicamente las amenazas con alto poder desestabilizador, como pueden ser los grupos criminales de la Europa del Este, de ideología radical, sectarios, o relacionados con el tráfico de armas, explosivos o sustancias radiactivas a gran escala, así como las redes organizadas de inmigración ilegal.
Las unidades de Policía Judicial (PJ) que es, no obstante, quien asume la mayor responsabilidad en la investigación sobre las amenazas asociadas a la delincuencia, entre las que se encuentra la grave y organizada. Así, sus bases normativas2 establecen que la Policía Judicial de la Guardia Civil es la estructura organizativa que tiene como función, de acuerdo a lo previsto con la Constitución y las Leyes, el auxilio a los Juzgados y Tribunales y al Ministerio Fiscal en la investigación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes.
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (GISS) GUARDIA CIVIL
El GISS (Grupo de Investigación de la Seguridad Social) se creó formalmente en el año 1978 por resolución del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social en desarrollo del RD 1377/1978 de 16 de junio sobre la creación de Unidades Especiales de Policía Judicial de las FCSE adscritas al citado Ministerio.
Tras la reestructuración de este Ministerio en 1983, el GISS se dividió en dos Unidades diferentes, una dependiente del Ministerio de Trabajo y la otra dependiente del por entonces denominado Ministerio de Sanidad.
De este modo, el GISS dependiente de las distintas denominaciones que ha tenido el Ministerio de Sanidad en España reorientó su función hacia la investigación de delitos relacionados con los fraudes sobre prestaciones al sistema público sanitario, aunque también entendía de delitos de todo tipo vinculados en general con la “sanidad” (contrataciones irregulares de equipos sanitarios, falsificación de recetas médicas, desvió y facturación de medicamentos, tráfico de órganos y trasplantes irregulares, etc.), en todo caso los cometidos de este grupo, se basaban fundamentalmente en labores de análisis y coordinación.
Es a finales del año 2011 cuando la Guardia Civil reorientó la actividad de este GISS evolucionándolo desde una herramienta de análisis hacia una potente unidad de investigación con capacidad propia para ejecutar investigaciones complejas valiéndose de la integración de las capacidades del Cuerpo desde su incardinación en la Jefatura de Policía Judicial–Unidad Técnica de Policía Judicial y conservando su dependencia originaria del actual Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad desde su Subdirección General de Calidad y Cohesión.
Desde noviembre de 2011, constan un total de 169 asuntos trabajados, donde la temática es variada, destacando: diferentes falsificaciones, como es el caso de las recetas públicas, justificantes de asistencia a consulta, partes médicos y partes de baja; diferentes tipos de estafa; el uso fraudulento de tarjetas sanitarias de pacientes fallecidos o de pensionista con límite de aportación por centros socio-sanitarios; prescripción o dispensación irregular de medicamentos (anabolizantes, psicótropo, etc.) por parte de médicos u oficinas de farmacia; hurtos de recetas y sellos médicos; percepción fraudulenta de la prestación por incapacidad temporal; facturación fraudulenta de prótesis ortopédicas; estafas relacionadas con células madre; y delitos contra la salud pública por tráfico de medicamentos, falsificados, ilegales o por su “comercio inverso”; etc.
Así en el período comprendido entre finales del 2011 y finales de 2015, la Guardia Civil en investigaciones realizadas en el ámbito del GISS, ha detenido a un total de 216 personas (66 profesionales del ámbito de la sanidad y farmacéutico; y otros 150 particulares) y ha procedido a la imputación de otras 216 personas (86 profesionales del ámbito de la sanidad y farmacéutico; y otros 130 particulares); sumando un total de detenidos e imputados de 432 personas, de los cuales 152 se pueden consideran profesionales por sus respectivas competencias dentro del ámbito de la sanidad.
El fraude a la seguridad social (ámbito sanitario) y a la hacienda pública, que o bien, se ha podido recuperar (en efectivo o inmovilizado en cuentas bancarias) o que ha sido detectado en las investigaciones realizadas hasta el momento, y que posteriormente puede ser reclamado judicialmente, ha sido de más de 13.185.000€; y se han intervenido unos 295.082 medicamentos falsificados o ilegales
Sitio Web: www.guardiacivil.es [1]
1Esencialmente la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2Esencialmente el Real Decreto 873/2014 de 10 de octubre por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior; la Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil y la Orden General de la Dirección General de la Guardia Civil número 4 dada en Madrid a 23 de mayo de 2008 sobre Organización de la Jefatura de Policía Judicial.